Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, iniciativa de ley en la Cámara de Senadores

por Rubén Darío Álvarez Ángeles y Alfredo Sampayo Estrada
Co-fundadores

El martes 13 de noviembre de 2018 el senador Ricardo Monreal Ávila presentó la iniciativa para expedir la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana ante la Cámara de Senadores.[1]
     Conforme a la exposición de motivos, la sociedad mexicana vive una serie de externalidades negativas que consume un porcentaje del producto interno bruto (PIB) nacional, siendo una de éstas la corrupción.[2] En respuesta a esto, la propuesta es tomar las acciones necesarias para inhibir este factor y regresar la confianza al Estado mexicano y sus instituciones, tal como lo plantea el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Específicamente, la iniciativa pretende “fomentar la cultura de la legalidad como eje rector del desarrollo económico, generar un entorno de confianza basado en el cumplimiento voluntario de obligaciones regulatorias y fiscales”[3]. Estructuralmente, la iniciativa propone crear un órgano para aprobar las acciones y programas sectoriales estudiados, dependiendo de las facultades de las secretarías correspondientes.[4] Asimismo, con la iniciativa se plantea crear el Padrón Único de Fomento a la Confianza donde se podrán registrar los mexicanos. El registro, indica el legislador, será el acto por el cual el ciudadano le dará a entender al Estado mexicano que cumplió con sus obligaciones regulatorias y fiscales.[5] Básicamente, la autoridad ya no revisará si los gobernados cumplieron o no las normas regulatorias y su respectivo pago de impuestos, sino que creerá de buena fe que así fue, o al menos es lo que queda asentado en la Exposición de Motivos.
     Ahora bien, en el proyecto de decreto (la ley que se pretende expedir) se tocan varios temas. En primer lugar, queda expresado que la ley tiene como objetivo primordial promover la cultura de legalidad, de comercio formal, así como generar un entorno de confianza y otorgar las facilidades administrativas para las personas, físicas y morales, que lleven a cabo actividades económicas.[6] En el cuerpo del instrumento, se pretende la creación de un órgano dentro de la Secretaría de Economía que se encargue de administrar el padrón de los ciudadanos contribuyentes voluntariamente inscritos así como, en coordinación con otras dependencias, determinar beneficios fiscales y facilidades administrativas para ellos, bajo la premisa de que se trata de ciudadanos que han cumplido con sus obligaciones para con el Estado[7]. También se prevé que los ciudadanos inscritos en el padrón se comprometerán a continuar con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y la ley prevé sanciones de hasta un año de no poder acceder a los beneficios y programas en caso de incumplimiento. [8]De acuerdo con el proyecto de decreto, una vez entrada en vigor la ley el Poder Ejecutivo tendría un plazo de noventa días para emitir la regulación respectiva.
     En conclusión, la iniciativa busca la expedición de una ley para que, en lo relativo a las normas regulatorias y el pago de impuestos, la buena fe del ciudadano mexicano sea el factor más importante para su cumplimiento y, por ende, ya no sería necesario que la autoridad lleve a cabo labores de revisión. Al respecto de esta iniciativa de ley, resulta curioso que se identifique un problema tan grave en los términos en que el proyecto lo hace, y que la respuesta sea “tomar las acciones necesarias para promover la cultura de legalidad y comercio formal”. Acaso sería un camino más viable identificar esas acciones específicas que la sociedad –la autoridad y los ciudadanos– debemos llevar a cabo para inhibir la corrupción y efectivamente fomentar la confianza, y modificar la regulación en torno a esas acciones determinadas. De otra forma, parece que se busca atacar el problema pasándose la bolita entre dependencias de gobierno: en el caso concreto, del Legislativo a la Secretaría de Economía.

[1] Gaceta del Senado, 13 de noviembre de 2018. Iniciativas. Consultado el 14 de noviembre de 2018. Link: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85856.
[2] Gaceta del Senado, 13 de noviembre de 2018. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
EXPIDE LA LEY DE FOMENTO A LA CONFIANZA CIUDADANA. Exposición de Motivos. Págs. 1-2. Consultado el 14 de noviembre de 2018. Link: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-13-1/assets/documentos/Inic_Morena_Ley_FCC_131118.pdf.
[3] Íbid, pág. 3.
[4] Ìbid, págs 3-4.
[5] Íbid, pág 4.
[6] Artículo 2, Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. Proyecto de Decreto de iniciativa por el senador Ricardo Monreal Ávila. Link: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-13-1/assets/documentos/Inic_Morena_Ley_FCC_131118.pdf.
[7] https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/tax/articles/ley-fomento-confianza-ciudadana.html
[8] Íbid.

** Rubén Darío Álvarez Ángeles es estudiante de la Licenciatura en Derecho del CIDE. Ciudadano notable de Cuautitlán Izcalli, vecino y amigo que cree en el Derecho como impulsor de la transformación social. Sus pasiones abarcan la teoría legal, el punk y y el Kosako de mora azul.

**Alfredo Sampayo Estrada es estudiante de Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Admite que sus principales actividades son jugar videojuegos (Pubg sobre Fortnite), ver series y calificar chick flicks. Prefiere caminar a todos lados, a menos que esté lloviendo. Tacos, sin importar la hora.

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