¿Cómo funcionan las pensiones presidenciales? ¿AMLO puede quitarlas sin auxilio de los otros Poderes de la Unión?
por Geraldine Romero Cerón
Una de las propuestas del candidato presidencial electo, Andrés Manuel López Obrador, consiste en retirar las pensiones otorgadas a los expresidentes de México como parte del plan para la reducción del gasto y la austeridad que propone en el Proyecto de Nación 2018-2024; pero, ¿en qué consisten estas pensiones? Veamos.
Para comenzar, estas pensiones no tienen fundamento en alguna ley sino en dos acuerdos presidenciales que datan de 1976 y 1987. Asimismo, este gasto debe ser aprobado anualmente por la cámara de diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El primer acuerdo, el 7637, fue aprobado por el ahora expresidente Luis Echeverría Álvarez y estableció que los ciudadanos que hubieren desempeñado el cargo de presidente de la República, mientras vivieran, tendrían a su disposición y servicio para el desempeño de servicios generales y a sus órdenes directas 78 elementos de las fuerzas armadas (Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea).
El segundo, el acuerdo presidencial 2763-bis, fue aprobado durante el sexenio del ahora expresidente Miguel de la Madrid. Éste establece que los expresidentes gozarán de: 1) una pensión equivalente al salario total que corresponde a los servidores públicos que ocupan el cargo de Secretario de Estado, 2) que tendrán derecho a un seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores. Asimismo, que estas prestaciones incrementarán en la misma temporalidad y proporción y que al momento de fallecer, tiene derecho a recibirlas la esposa o cónyuge hasta en un 50%. Por otro lado, establece que los hijos de los ex mandatarios estarán cubiertos con un seguro de gastos médicos mayores durante todo el tiempo que transcurra hasta cumplir la mayoría de edad. En lo relativo al personal, establece que tendrán 25 empleados de la Federación del personal de la Presidencia de la República. Cabe mencionar que con esta última disposición, el total de empleados al servicio de cada expresidente suma un total de 103.
La propuesta del candidato electo en esta materia es viable. Por un lado, al estar contenidas estas disposiciones en acuerdos presidenciales, y no en una ley o decreto, se podría combatir la constitucionalidad de éstos para detener su aplicación. Por otro lado, el poder legislativo, al ser la Cámara de diputados la encargada de la aprobación del Presupuesto de Egresos puede auxiliar en este proceso.
Para comenzar, estas pensiones no tienen fundamento en alguna ley sino en dos acuerdos presidenciales que datan de 1976 y 1987. Asimismo, este gasto debe ser aprobado anualmente por la cámara de diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El primer acuerdo, el 7637, fue aprobado por el ahora expresidente Luis Echeverría Álvarez y estableció que los ciudadanos que hubieren desempeñado el cargo de presidente de la República, mientras vivieran, tendrían a su disposición y servicio para el desempeño de servicios generales y a sus órdenes directas 78 elementos de las fuerzas armadas (Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea).
El segundo, el acuerdo presidencial 2763-bis, fue aprobado durante el sexenio del ahora expresidente Miguel de la Madrid. Éste establece que los expresidentes gozarán de: 1) una pensión equivalente al salario total que corresponde a los servidores públicos que ocupan el cargo de Secretario de Estado, 2) que tendrán derecho a un seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores. Asimismo, que estas prestaciones incrementarán en la misma temporalidad y proporción y que al momento de fallecer, tiene derecho a recibirlas la esposa o cónyuge hasta en un 50%. Por otro lado, establece que los hijos de los ex mandatarios estarán cubiertos con un seguro de gastos médicos mayores durante todo el tiempo que transcurra hasta cumplir la mayoría de edad. En lo relativo al personal, establece que tendrán 25 empleados de la Federación del personal de la Presidencia de la República. Cabe mencionar que con esta última disposición, el total de empleados al servicio de cada expresidente suma un total de 103.
La propuesta del candidato electo en esta materia es viable. Por un lado, al estar contenidas estas disposiciones en acuerdos presidenciales, y no en una ley o decreto, se podría combatir la constitucionalidad de éstos para detener su aplicación. Por otro lado, el poder legislativo, al ser la Cámara de diputados la encargada de la aprobación del Presupuesto de Egresos puede auxiliar en este proceso.
